Hacia el pensamiento único

La reforma que el Gobierno plantea para que las diputaciones asuman las competencias de los pequeños ayuntamientos y para acabar con las mancomunidades, no es más que el penúltimo aviso de que nos dirigimos hacia el pensamiento único. Tanto el Gobierno como sus portavoces han venido usando varios argumentos perversos en este tema. Uno, que se ahorra al eliminar duplicidades de funciones entre diputaciones y mancomunidades. Falso. Porque no existen funciones duplicadas, las de las diputaciones están definidas por la ley, las de las mancomunidades son aquéllas que corresponden a los ayuntamientos, también definidas por la ley, y que estos han encomendado, a su vez, a las mancomunidades; y porque los alcaldes y alcaldesas tienen el necesario sentido común como para no pagar en su mancomunidad por un servicio que, supuestamente, le garantiza la Diputación. Dos, se eliminarán cargos políticos. Falso. Se eliminan puestos de trabajo. No hay una mancomunidad de Córdoba en la que los políticos perciban remuneración. Durante el último año, algunas mancomunidades han certificado su defunción ante la asfixia económica a la que la han sometido otras administraciones. Otras han llevado a cabo profundas reformas de su régimen económico, estatutos o carta de servicios para aquilatar su utilidad para los ayuntamientos. La de la Campiña Sur se encuentra en ambas situaciones, con la salvedad de que es más lo que las administraciones le deben que lo que ella adeuda. ¿Pero qué utilidad quiere dar el PP a las diputaciones? Hace unos meses, la diputada provincial de Turismo cordobesa exponía que el Patronato Provincial de Turismo unía su esfuerzo a la Oficina Municipal de Turismo para optimizar los recursos económicos y garantizar una mejor presencia en eventos internacionales. Algunos de nuestros elementos de proyección, como la Mezquita o los patios deben promocionarse en escaparates como la ITB o la World Travell Market. Dudo que esas ferias internacionales sirvan para promocionar la Casa del Inca o las cisternas de Monturque. Los informes profesionales dicen que el 70% de los flujos turísticos se producen desde un entorno inferior a cien kilómetros de radio. Luego la supuesta unión de esfuerzos se va a emplear en promocionar a la ciudad de Córdoba. La Diputación también está presente desde hace unos meses en el Jardín Botánico de la capital, sufraga los gastos de un estudio sobre el uso lúdico del centro de la ciudad por los jóvenes o analiza la eficiencia energética de los edificios municipales. Por otra parte, el mayor nivel de endeudamiento municipal en nuestro país lo aportan las grandes ciudades; luego, el plan del gobierno para dinamizar las diputaciones pasa porque se constituyan en pilares de apoyo económico para esos endeudados grandes ayuntamientos. Con todo, la reforma municipal tiene dos perfiles aún más oscuros. El Gobierno del PP quitará los servicios de aquellos ayuntamientos que no puedan garantizar su prestación y los pondrá en manos de las diputaciones. Y reconoce que habrá diputaciones que podrán poner estos servicios en manos de empresas privadas. Esto es, se destruirá empleo público a cambio de salarios precarios y gestión privada. Dos. Y aquí viene la consecuencia de verdadero calado. Una vez desprovistos de competencias los pequeños ayuntamientos, puede entenderse que los ciudadanos perderán el interés electoral dado que sus representantes municipales tendrán poco o nada que gestionar. La consecuencia de un retroceso de la participación electoral en el ámbito rural es más que evidente. ¿Es necesario decir a quien beneficiará esa baja participación? Cuando la aprobación de una norma afecte al título primero de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas o al procedimiento electoral, deberá modificarse previamente la Constitución. Tengo la opinión de que la medida de eliminar mancomunidades y competencias de ayuntamientos atentará contra la propia médula de la Constitución; porque afectará a los ayuntamientos como estructura básica del Estado, a su autonomía y a la capacidad de unirse libremente para la prestación de servicios en estructuras diferentes a la provincia; porque lesionará los derechos de los ciudadanos: ya no todos serán iguales para acceder a las oportunidades en función de su lugar de residencia; porque atentará contra el régimen y el ordenamiento normativo de las comunidades autónomas y porque tendrá consecuencias en la propia estructura electoral de nuestro país. Es el silencio de los corderos. Ahora sí caminamos hacia el pensamiento único, y nadie dice mu.