martes, 23 de agosto de 2011

Sanzdeces


El Secretario General de los populares andaluces, Antonio Sanz ha dicho que antes de suprimir las diputaciones habría que plantearse eliminar mancomunidades de municipios. A raíz de su declaración de principios en el Partido Popular de Andalucía se han puesto manos a la obra y andan estudiando mancomunidad por mancomunidad de municipios para ver cual de ellas mantienen y cuáles se cepillan.
Parece que al parlamentario andaluz Sanz se le olvida, debe recordarse que fue concejal del ayuntamiento de Jerez con tan sólo 23 añitos, que las mancomunidades son uniones voluntarias de municipios para gestionar determinados servicios. El carácter voluntario tiene mucho que ver con la autonomía local. Y sobre eso versa una Ley andaluza que el señorito Sanz ha debido debatir en el parlamento, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que reconoce y establece los fines y las fórmulas de cooperación intermunicipal. Así, en su artículo 63, apartado 1, la citada ley dice que los municipios tienen derecho a asociarse entre sí para la planificación, establecimiento, gestión o ejecución en común de obras y servicios determinados en competencia propia. Esto es: una decisión que compete a ellos exclusivamente y sobre sus propias competencias.
Siempre he dicho que antes de entrar en política los diputados, parlamentarios y senadores deberían aprobar primero de concejal. El señor Sanz debió asistir de oyente porque se le ha quedado poco de su etapa municipal. Hasta en nada ha quedado para el señor Sanz la necesidad que los ayuntamientos tienen de optimizar el gasto y rentabilizar hasta el último céntimo de Euro para mantener y garantizar la calidad de los servicios publicos municipales. O igual se empleaba en posteriores devenires, como ha sido el caso.
Y el caso es que, al igual que las diputaciones, las mancomunidades son un modelo de economía de escala pero a diferencia de las primeras, los municipios integrantes deciden cuales son los servicios que quieren prestarse, cual será la aportación que cada ayuntamiento deberá hacer para que la sociedad funcione y bajo que fórmula organizativa desarrollará su cometido.
Todo lo demás es ir en contra de la autonomía local, del equilibrio territorial y de la libertad de oportunidades, también en el ámbito rural. En definitiva todo lo demás son Sanzdeces.

viernes, 19 de agosto de 2011

La utilidad de las diputaciones


El anuncio hecho por el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno apunta la posibilidad de la reforma de las diputaciones provinciales, en el caso de que el PSOE vuelva a ganar las elecciones generales en noviembre, estableciendo en la adopción de dicha medida un ahorro de unos mil millones de Euros vinculado a la eliminación de alrededor de mil cargos políticos. El coste de cargos políticos en la diputación de Córdoba gira en torno a los dos millones anuales, hay 38 diputaciones en España. Si todas ellas tienen un gasto similar el ahorro conseguido asciende a 76 millones de Euros.
Luego Rubalcaba apunta uno de los posibles elementos sobre los que actuar, las retribuciones de los cargos políticos, y habla de una reformulación de las diputaciones más profunda. En Andalucia el marco para llevar a cabo esa reformulación se llama Ley de Autonomía Local y en ella se define perfectamente el papel de las diputaciones a partir de su aplicación.
Lo de los cargos políticos es que es un debate que ahora está de moda y que personalmente considero demagógico lo diga Rubalcaba o su porquero, pero que gusta a la tontada indignada de ordenadores caros y ropa de diseño. No hay más que leer los comentarios del tonto tecnológico de mi pueblo en facebook.
Por otro lado hablar de la desaparición de las diputaciones es, cuando menos, temerario e ineficaz y es poco probable que Rubalcaba apuntase en ese sentido. La pregunta no es tanto cuanto se ahorra con su desaparición sino quien gestiona las competencias que ahora prestan las diputaciones. Estamos de acuerdo en que a lo largo de los años, las diputaciones provinciales han abordado ámbitos de acción que poco o nada tenía que ver con las competencias exigibles a un órgano de cooperación con los municipios: y que iban desde la organización de festivales de cine hasta la promoción del flamenco o, más recientemente, la construcción de palacios de congresos o la co-organización de eventos deportivos de élite, como la Copa Davis.
Como mínimo es necesario abrir un debate sobre la mencionada reformulación de competencias, sobre su delimitación exacta y sobre su modernización administrativa, y del marco que para ello ha creado la Ley de Autonomía Local de Andalucía, pero bajo ningún concepto es planteable su desaparición. Y ello porque si bien es posible la transferencia de las competencias que pudieran denominarse transversales, como las carreteras o los servicios sociales, lo más importante es la labor de discriminación positiva que las instituciones provinciales llevan a cabo hacia los pequeños municipios, que cuentan con exiguos presupuestos y con famélicas plantillas de personal para poder garantizar los servicios básicos que los municipios mayores de 20.000 habitantes no tienen la mínima dificultad en prestar a sus vecinos.
Las diputaciones equilibran el territorio, dinamizan la vida rural, combaten el despoblamiento de zonas poco habitadas y establecen fórmulas de colaboración intermunicipales para alcanzar proyectos inalcanzables por separado para cada uno de los ayuntamientos. Para ello construyen centros cívicos, bibliotecas, guarderías, casas consistoriales o el arreglo de caminos entre otras muchas actuaciones. Como alguien dijo, si las diputaciones no existieran habría que inventarlas.
La Economía de Escala es la que establece el abaratamiento del producto final mediante el aumento de los medios de producción. Desde el punto de vista de la administración es posible establecer criterios de economía de escala concentrando centros de servicios y eliminando administraciones periféricas. ¿Es esto lo que se pretende cuando se anuncia la desaparición de las diputaciones? ¿Se trata realmente de dotar de mayor eficacia a la gestión pública y de prestar mejores servicios? No hay que olvidar que la acción concertada desde las diputaciones hacía los pequeños municipios ya es sí mismo un modelo de economía de escala-
Los dos grandes partidos, y con el enunciado común de adelgazar la administración para combatir el déficit, han abierto el mismo melón desde posturas complejas introduciéndose ambos en un jardín del que les costará trabajó salir. El Partido Popular planteando la devolución de competencias al Estado por parte de las Comunidades Autónomas, el Partido Socialista cuestionando las Diputaciones Provinciales.
Mientras que los segundos ponen en riesgo el equilibrio territorial, los primeros, además, renuncian a derechos que ya tienen que ver con la identidad de las respectivas autonomías, o mejor de su ciudadanía. ¿No sería más fácil la definición de competencias de las diferentes administraciones y las áreas de cooperación necesaria? Y si lo que se quiere es ahorrar ¿Porqué no se aborda el concepto de productividad en la administración pública o el desbarajuste de convenios públicos que existen en este país y que propicia que funcionarios con la misma categoría profesional cobren según a la administración a la que pertenezcan?

miércoles, 17 de agosto de 2011

¿La política es el problema?


El hombre famoso tiene la amargura de llevar el pecho frío y traspasado por linternas sordas que dirigen sobre ellos otros (Federico García Lorca). En el 75 aniversario de su asesinato.

No es posible que uno de los grandes problemas de este país sea la política. Pero ahí está. Para el 24% de la población española la política es el principal problema, superado tan sólo por el desempleo con un 81% y la situación económica por un 45%, esto según el barómetro del CIS del mes de Julio, que mimetiza los anteriores estudios del Centro Sociológico. Más llamativo aún, en la misma encuesta, es poder comprobar que el terrorismo y ETA tiene para un buen número de españoles menos importancia como problema, es verdad que tan sólo por unas décimas, que el gobierno del país.
Dos conversaciones para ilustrar la percepción que el ciudadano de a pié tiene de la política, la primera, vivida en primera persona, y la segunda, referida por una amiga, ilustran cual es la visión que el español de a pié tiene de la política y de los políticos. Me encontraba en una reunión habitual de amigos cuando sin venir a qué uno de ellos soltó que “en Italia, el 25% del presupuesto de cada obra pública iba a parar al bolsillo de los políticos que tienen que ver con la concesión de la obra mientras que en España esa cantidad se elevaba al 75%”. La afrimación es absolutamente surrealista dada la ferrea fiscalización a la que son sometidos los procesos adquisitivos a raiz de la nueva ley de contratos públicos y al hecho de que según la misma ley no participan políticos en los procesos de selección de ofertas. Me limité a preguntar cual era la rigurosa fuente que afirmaba tal cosa sin que mi interlocutor supiera responder. En el caso de mi amiga se encontraba también con unos conocidos hablando de la situación económica y la dureza con la que se hacía sentir en las economías familiares rusas, dado que una de las contertulias tenía esa nacionalidad. La conversación sobre la situación económica derivó en el problema de la corrupción y la rusa acabó espetándole a mi amiga, alcaldesa, “bueno tu tienes que saber de lo que hablo, tu debes conocer muchos corruptos por tu trabajo”.
La política, y los políticos, son un problema para la sociedad porque es la imagen que a los propios políticos les ha interesado dar de sí mismos en una pésima estrategia de acusar al adversario de todos los males posibles. Eso y que los presuntos casos de corrupción se defiendan con posiciones numantinas sin que deriven en dimisiones o rendiciones de cuentas.
Es lógico por tanto que la dramática situación que atraviesan muchos españoles les empuje a pensar que si los políticos son el problema habrá que buscar la solución. Pero resulta que la única solución posible sigue siendo la política.
Es loable el esfuerzo que realizan quienes participan en el movimiento 15M, a pesar de que el uso y abuso de las redes sociales, la presencia de demasiados ordenadores portátiles de última generación o de ropa de marca reste un punto de credibilidad al movimiento y les aleje de pertenecer al grupo de los desheredados por las entidades financieras, que son quienes lo están pasando realmente mal. Basten ver las enternecedoras, por pueriles, reivindicaciones de sus primeros comunicados. La mayor parte de esas medidas en favor de la transparencia y la honradez llevan años puestas en práctica en nuestro país.
Habitualmente, la población española conoce el 100% de las irregularidades que se producen en el ámbito de la política. No así en otros ámbitos como la judicatura, las fuerzas de seguridad o los sexadores de pollos. Y ello porque se trata de la actividad más autorregulada que existe en nuestro país y también es la más fiscalizada por la opinión pública a través de los medios de comunicación.
La percepción que la ciudadanía tiene de la política y de quienes se dedican a ella no deja de ser, por tanto, un problema de madurez de los propios políticos, que no llevan a cabo una labor pedadógica para explicar a qué se dedican, porqué no condenan y expulsan de sus respectivas filas a quienes delinquen y que difaman y acusan sin fundamento alguno cuando ello les puede reportar un beneficio electoral.
Hay una buena parte de las reivindicaciones del movimiento 15M que comparto plenamente y es la de dotar de mayor democracia interna a las organizaciones políticas, la elaboración de listas abiertas, la celebración de procesos congresuales ascendentes, la limitación de mandatos, la regulación de la relación del candidato con su cricunscripción, la celebración de primarias, la elaboración de censos de simpatizantes y le necesidad de llevar a cabo una profunda y rigurosa reforma de la Ley Electoral General.
Mientras todo esto llega, la espiral demagógica en la que estamos inmersos por parte de los grandes partidos propiciará que los peor preparados sean quienes accedan a los puestos más importantes de la administración o, peor aun, que sirva de caldo de cultivo para que el populismo preceda a otras situaciones aun más indeseables por las que nuestro país ya ha pasado.