La utilidad de las diputaciones

El anuncio hecho por el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno apunta la posibilidad de la reforma de las diputaciones provinciales, en el caso de que el PSOE vuelva a ganar las elecciones generales en noviembre, estableciendo en la adopción de dicha medida un ahorro de unos mil millones de Euros vinculado a la eliminación de alrededor de mil cargos políticos. El coste de cargos políticos en la diputación de Córdoba gira en torno a los dos millones anuales, hay 38 diputaciones en España. Si todas ellas tienen un gasto similar el ahorro conseguido asciende a 76 millones de Euros.
Luego Rubalcaba apunta uno de los posibles elementos sobre los que actuar, las retribuciones de los cargos políticos, y habla de una reformulación de las diputaciones más profunda. En Andalucia el marco para llevar a cabo esa reformulación se llama Ley de Autonomía Local y en ella se define perfectamente el papel de las diputaciones a partir de su aplicación.
Lo de los cargos políticos es que es un debate que ahora está de moda y que personalmente considero demagógico lo diga Rubalcaba o su porquero, pero que gusta a la tontada indignada de ordenadores caros y ropa de diseño. No hay más que leer los comentarios del tonto tecnológico de mi pueblo en facebook.
Por otro lado hablar de la desaparición de las diputaciones es, cuando menos, temerario e ineficaz y es poco probable que Rubalcaba apuntase en ese sentido. La pregunta no es tanto cuanto se ahorra con su desaparición sino quien gestiona las competencias que ahora prestan las diputaciones. Estamos de acuerdo en que a lo largo de los años, las diputaciones provinciales han abordado ámbitos de acción que poco o nada tenía que ver con las competencias exigibles a un órgano de cooperación con los municipios: y que iban desde la organización de festivales de cine hasta la promoción del flamenco o, más recientemente, la construcción de palacios de congresos o la co-organización de eventos deportivos de élite, como la Copa Davis.
Como mínimo es necesario abrir un debate sobre la mencionada reformulación de competencias, sobre su delimitación exacta y sobre su modernización administrativa, y del marco que para ello ha creado la Ley de Autonomía Local de Andalucía, pero bajo ningún concepto es planteable su desaparición. Y ello porque si bien es posible la transferencia de las competencias que pudieran denominarse transversales, como las carreteras o los servicios sociales, lo más importante es la labor de discriminación positiva que las instituciones provinciales llevan a cabo hacia los pequeños municipios, que cuentan con exiguos presupuestos y con famélicas plantillas de personal para poder garantizar los servicios básicos que los municipios mayores de 20.000 habitantes no tienen la mínima dificultad en prestar a sus vecinos.
Las diputaciones equilibran el territorio, dinamizan la vida rural, combaten el despoblamiento de zonas poco habitadas y establecen fórmulas de colaboración intermunicipales para alcanzar proyectos inalcanzables por separado para cada uno de los ayuntamientos. Para ello construyen centros cívicos, bibliotecas, guarderías, casas consistoriales o el arreglo de caminos entre otras muchas actuaciones. Como alguien dijo, si las diputaciones no existieran habría que inventarlas.
La Economía de Escala es la que establece el abaratamiento del producto final mediante el aumento de los medios de producción. Desde el punto de vista de la administración es posible establecer criterios de economía de escala concentrando centros de servicios y eliminando administraciones periféricas. ¿Es esto lo que se pretende cuando se anuncia la desaparición de las diputaciones? ¿Se trata realmente de dotar de mayor eficacia a la gestión pública y de prestar mejores servicios? No hay que olvidar que la acción concertada desde las diputaciones hacía los pequeños municipios ya es sí mismo un modelo de economía de escala-
Los dos grandes partidos, y con el enunciado común de adelgazar la administración para combatir el déficit, han abierto el mismo melón desde posturas complejas introduciéndose ambos en un jardín del que les costará trabajó salir. El Partido Popular planteando la devolución de competencias al Estado por parte de las Comunidades Autónomas, el Partido Socialista cuestionando las Diputaciones Provinciales.
Mientras que los segundos ponen en riesgo el equilibrio territorial, los primeros, además, renuncian a derechos que ya tienen que ver con la identidad de las respectivas autonomías, o mejor de su ciudadanía. ¿No sería más fácil la definición de competencias de las diferentes administraciones y las áreas de cooperación necesaria? Y si lo que se quiere es ahorrar ¿Porqué no se aborda el concepto de productividad en la administración pública o el desbarajuste de convenios públicos que existen en este país y que propicia que funcionarios con la misma categoría profesional cobren según a la administración a la que pertenezcan?