Algo huele a podrido en la actitud que el Partido Popular mantiene respecto al asunto Sitel, el sistema de escuchas telefónicas adoptado por Alvarez Cascos cuando el PP gobernaba y del que el resto de los mortales desconocíamos su existencia hasta que el caso Gurtel lo ha sacado a la superficie. ¿Vale todo en política? ¿Es legítimo poner en duda la independencia y profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por un puñado de votos? Bueno, a ambas preguntas la respuesta es dolorosa aunque sencilla: vale todo para determinadas formaciones políticas y si no, ahí están las declaraciones de dirigentes del PP sobre el secuestro del Alakrana o la actitud que esos mismos dirigentes mantiene en relación a la crisis económica, “las medidas que el gobierno articula son ineficaces y las mías no pero no estoy dispuesto a contarles cuáles son las mías”.
Vaya por delante que no estoy de acuerdo con la adopción de decisiones que implican el seguimiento de la ciudadanía, a través de las nuevas tecnologías como sistemas de video en nuestras calles, escuchas telefónicas o los trazadores de acceso a la red de manera que sea posible establecer y demostrar la posible comisión de un delito, como si el estado se constituyese en un gran hermano, en actitud de permanente vigilancia y celo para evitar que nos alejemos de la senda del bien.
En un extremo se encuentra el estado de derecho y el derecho a la presunción de inocencia como garantía de la legalidad del comportamiento del estado, en el otro la definición de la guerra preventiva, por ejemplo, como herramienta para preservar el modelo de vida de occidente y los valores de libertad íntimamente ligados a ese modelo de vida.
En medio de todo eso, la virtud del sentido común. Si empresas privadas como Microsoft o Google tienen suficiente información sobre cada uno de nosotros como para dirigir su línea de producción y marketing en ese sentido, ¿Porqué no dirigir esa información para prevenir de un posible delito o para establecer su demostración, o para prevenir a las posibles víctimas e incluso evitarlas?. La respuesta está en la regulación que de esas medidas se haga. Y en eso estoy de acuerdo con el Partido Popular, no en que sean los jueces los que autoricen su uso, pero sí en que tengan conocimiento para velar porque éste no se pervierta, no genere la tentación del Gran Hermano.
Dicho esto ¿Porqué al PP le parece ahora el dichoso sistema de escuchas telefónicas tan perverso y cuando lo adoptó no? ¿Hay algo más del caso Gurtel que todavía no sabemos? Si esta pataleta del PP sobre el Sitel tiene que ver con un asunto de bragueta reconozco que me trae al fresco y que prefiero seguir sin saberlo, pero si tiene algo que ver con los impuestos que he pagado y con a donde han ido a parar exijo que se sepa cuanto antes.
Y para finalizar, en relación al uso de bienes públicos en fines privados, la pequeña dispersión. El día en que se casó Cascos, una de las veces que lo hizo, me encontraba en Córdoba. Las principales arterias de la ciudad estaban cortadas y los cruces tomados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en una perfecta coordinación entre ayuntamiento, regido por el Popular Rafael Merino y el gobierno del que era miembro el propio Alvárez Cascos. No creo que aquello fuese un acto de estado, lo mismo que no lo fue la boda de la niña en El Escorial y sin embargo hubo que tragársela a través de la televisión que todos pagamos con nuestros impuestos.
Me asalta una terrible duda: la de si el Gobierno de Aznar adquirió el sistema de escuchas telefónicas con los fines de los que ahora acusa a Rubalcaba. La sabiduría popular define esa actitud con una sentencia concluyente: “Piensa el ladrón...”.
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